Solo se requirió una semana para que las gabelas y la impunidad que campeaban en la reforma a la justicia, y que beneficiaban a los representantes de la casta oligárquica en el Congreso, las Cortes, el generalato y el alto Gobierno,

Fue tanta la desfachatez con que actuó la aplanadora santista en el Congreso, y tan aberrantes los cambios que terminaron por introducirle los conciliadores de Senado y Cámara a la que era una insulsa reforma a la justicia,

Como los trabajadores siempre hemos sido los trompos de poner, ahora debemos prepararnos para recibir una nueva agresión o disponernos a enfrentarla.

Del marco constitucional para la paz que actualmente discute el Congreso no pueden esperarse ofertas seductoras que les hagan sentir a las fuerzas insurgentes que valió la pena estar 50 años en el monte, sufriendo privaciones, arriesgando la vida y orientando luchas, y que llegó la hora de la reinserción.

Las vigorosas marchas de los trabajadores estatales, realizadas bajo el cálido sol del pasado 30 de mayo y el pesado silencio de los grandes medios, representan una ratificación de la indignación que hemos venido evidenciando durante los últimos años y a la que nos están conduciendo todas las políticas neoliberales de las castas oligárquicas en el poder.

El doctor Fernando Londoño no es santo de la devoción de la izquierda. Menos lo es el exmandatario del poncho y el perrero.

Se volvió costumbre del Gobierno tirar la piedra y esconder la mano; negar los hechos en la tormenta y reconocerlos en aguas calmas; aceptar que las cosas pasan solo cuando son incontrovertibles.

El presidente Santos le ha anunciado al país una reforma tributaria “para que chillen los ricos”.

Según el artículo 20 de nuestra Constitución Política, los colombianos tenemos garantizada la libertad de expresar y difundir nuestro pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación.

Como si no fueran muchas las veces que estuvo fuera de la legalidad, como la vez aquella en que, prevalido de su condición de ministro de Defensa,