Algo falla en el sistema político colombiano cuando algunas personas privadas de la libertad, logran posesionarse como alcaldes y casi inmediatamente es necesario designar alcaldes encargados.
El Congreso terminó el año afrontando nuevamente cuestionamientos sobre el monto y la administración que hace de los recursos públicos. Debates sobre vehículos para los Senadores y Representantes, resultan como mínimo antipáticos para la opinión pública.
No es este el espacio para producir definiciones en materia de paz, pero sí para reiterar que esta no puede darse sino en escenarios donde se materialice adecuadamente la verdad, la justicia y la reparación.
Hay paradojas en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Una que vivimos todo el tiempo en Colombia es haber decidido enfrentar el problema de las drogas a través de la persecución de los narcotraficantes y tener hoy unas altas tasas de consumo de sustancias psicoactivas ilícitas.
Nuestra política de reintegración debe dar prioridad a los jóvenes, ayudarles a abandonar esa forma de esclavitud, a reparar sus daños y enseñarles a caminar erguidos con la dignidad de un ciudadano dueño de su destino.
No debe uno esperar en el corto plazo grandes cambios en la lógica del conflicto colombiano tras la muerte de Alfonso Cano, máximo dirigente de las FARC. Esta organización debe elaborar el duelo inherente a este golpe que como en toda comunidad tendrá momentos de rabia, desasosiego y negación.
Si el país quiere una justicia eficaz, debe contar con los recursos necesarios para ello. En los debates de la reforma a la justicia se ha sugerido que es indispensable que se consagre en la Constitución cuál es el porcentaje mínimo del Presupuesto General de la Nación. Incluso, hay quienes han dado a entender que la reforma sería inocua si no incluye este aspecto.